ESTADO DE SITIO EN ALTA VERAPAZ

Vuelve la mula al trigo
El Gobierno acude otra vez a su receta universal: El Estado de Sitio
sta vez, ya el Gobierno ni siquiera
se preocupa por disimularlo. Ya no
le dice “Estado de Prevención”, o
“Estado de Calamidad”, como lo ha hecho
en otras ocasiones. Decreta de nuevo un
Estado de Sitio, ahora en Alta Verapaz.
El actual Gobierno ha hecho de la
represión una política de Estado que
emplean como única respuesta ante el
descontento popular derivado de sus
continuos desatinos. En su gestión, (a la
que todavía le resta un año), se han dado
el lujo de decretar ya en siete ocasiones el
Estado de Prevención o Estado de Sitio.
Esta práctica no es otra cosa más que a la
suspensión abrupta de las garantías
constitucionales, de los derechos civiles y
políticos, en síntesis, el retorno acelerado
al ejercicio dictatorial del poder.
Primero, en Mayo del 2008, fueron los
empresarios del transporte de carga
quienes protestaron ante medidas
adoptadas por la Alcaldía
Metropolitana. En lugar de atender sus
demandas, el Gobierno procedió a
decretar el Estado de Prevención,
como respuesta ante la protesta de
este sector. Es decir, sacó las uñas y
respondió con violencia y represión.

En esos momentos, el Gobierno de la UNE tenía tan solo 4 meses de haber
asumido las funciones para cuyo cumplimiento el pueblo lo eligió. Pero ya dio la
primera muestra clara de que, ante su evidente incapacidad, opta por acudir a la
imposición de la fuerza bruta.
Apenas un mes después, cuando
vecinos de 12 comunidades de San
Juan Sacatepéquez, con toda razón y
derecho, expresaron su firme rechazo a
la construcción de una planta
cementera en su territorio, recibieron
como respuesta oficial la suspensión de
sus garantías y la incursión de tropas
combinadas, las cuales públicamente
actuaron con la misión de capturar a los
dirigentes comunales.
Estas tropas, dueñas de una actitud
propia de las oscuras fuerzas
contrainsurgentes que operaron con
impunidad años atrás, se encargaron
de sembrar pánico entre los vecinos
del área afectada por el estado de
Prevención.
El Gobierno mandó ni más ni menos
que a mil policías y mil soldados para
que cumplieran con la orden de
localizar y capturar a 12 dirigentes
campesinos. Es decir, soltó a sus
perros de la guerra contra el pueblo.
A parecer, en el país no hay delincuencia común ni existen bandas de crimen
organizado, ni hay violencia impune, dado que las fuerzas responsables de
mantener el “orden público” se pueden emplear, más bien, para perseguir a
dirigentes comunales. “La violencia se combate con inteligencia”, nos decían durante
la campaña electoral. Hasta el momento, no han dado muestras de tenerla, puesto
que sólo acuden al uso de la fuerza bruta contra el pueblo.

Luego, a partir del 5 de Octubre del 2008,
la represión la dejan caer sobre los
pobladores de Coatepeque, en donde las
autoridades han decretado el estado de
Prevención un récord de catorce veces
consecutivas. Habría que revisar si esa
práctica política aparecerá en el libro
Guinness, porque convendría registrarla.
En este caso, las autoridades adoptaron
la medida porque los trabajadores por
cuenta propia se resistieron, (y resisten
aún), a acatar las órdenes de desalojo
que les estaban arbitrariamente
imponiendo y que los condenaban al
desempleo. Su demanda era simple: que
se respetara su derecho a trabajar.
En Diciembre del 2008 fue el turno de
Malacatán. En ese Municipio Unión
FENOSA cortó la luz el 25 de Diciembre
debido a que los vecinos y vecinas
estaban hartos de sus abusos y se
manifestaron al respecto. En respuesta, el
Gobierno les lanzó sus tropas. Malacatán
amaneció tomado por el ejército y la
policía. 28 dirigentes fueron detenidos.
Emitieron órdenes de captura contra
alrededor de 100. Se instalaron tanquetas
en las esquinas. Las fuerzas combinadas
del ejército y de la policía recorrían las
calles. Es decir, sembraron el terror.
Como resultado único de ese acto represivo, no solamente se fortaleció la lucha en
Malacatán por la nacionalización de la energía y la consecuente salida de Unión
FENOSA del país, sino que se extendió a otros Municipios del Departamento de San
Marcos, como Catarina, San Pablo, Ayutla, Ocós, Pajapita, Nuevo Progreso, en fin,
la solidaridad se hizo presente.

Después, el Departamento premiado fue
Huehuetenango. En este otro nuevo caso,
debido a que los habitantes del Municipio,
hartos ya de no ser escuchados, se
tomaron la Alcaldía para demandar que se
resuelvan los problemas que desatiende
esa Alcaldía.
Todo indica que este Gobierno está
dispuesto a emplear el Estado de
Prevención o de Sitio como respuesta
universal ante las demandas que emanan
desde el seno del pueblo.
No quieren asumir responsabilidades ante
el hecho indiscutible de que la protesta
popular se da precisamente como justa
reacción frente a los resultados emanados
de las indecorosas políticas que ellos
mismos impulsan desde el ejercicio del poder.
No quieren entender que, como con certeza afirma el refranero popular, “quien
siembra vientos, cosecha tempestades”, y que con su actitud represiva lo que logran
es exacerbar la cólera social existente. No será nunca desde la represión que se
resolverán los problemas que pesan sobre los hombros del pueblo.
Cada vez que decretan un estado de Prevención o lo amplían, aproximan al país a
un peligroso punto de ingobernabilidad, del cual podrían derivarse consecuencias
aún peores que las que nacen desde las políticas públicas actuales. Actúan, pues,
en contra de la construcción de la Paz, y se convierten, con ello, en enemigos
directos de la democracia real y participativa.
En todo caso, a pesar de estas prácticas gubernamentales que indican a las claras
que estamos de cara al retorno de la represión, la lucha popular se fortalece, crece y
se multiplica.
Suspender el ejercicio de los derechos civiles equivale a imponer el ejercicio del
poder por la vía dictatorial. El Gobierno, al proceder así, no hace otra cosa más que
reconocer su absoluta debilidad e incompetencia.

El 21 de Diciembre del 2009 el
Gobierno decretó el Estado de Sitio en
todo el Departamento de San Marcos,
en claro apoyo a la transnacional Unión
FENOSA. Fuerzas de la policía y del
ejército acompañaban a los empleados
de Unión FENOSA en las visitas
domiciliares durante las cuales
pretendían que las familias les firmaran
acuerdos de pago. Se emitieron 250
órdenes de captura.
Y a partir de hoy, los ciudadanos y
ciudadanas de Alta Verapaz vivirán bajo
Estado de Sitio, inicialmente decretado
por 30 días. Es decir, se les suspenden
sus garantías constitucionales durante
los días de Navidad y de Año Nuevo.
No podrán comerse en paz su tamalito
de Diciembre.
Además, con el agravante de que este Estado de Sitio se lo sacan de la manga. En
los días previos, ni en los medios ni en ninguna parte se había mencionado ni media
palabra sobre que en Alta Verapaz ocurrieran hechos tan violentos que ameritaran
esta medida extrema.
Lo que si había ocurrido en Alta Verapaz fue que la población del Municipio de
Lanquín, por la vía de la consultas popular y con sólidos argumentos, había dado un
rotundo NO a las pretensiones de construir una hidroeléctrica en su territorio. En
San Cristóbal la población, usando el mismo mecanismo, también se opuso a la
construcción de una serie de torres de alta tensión. Y se preparaba, para Enero, la
realización de varias otras consultas comunitarias sobre temas relevantes, las
cuales ahora habrá que suspender necesariamente.
No sorprende en absoluto que hoy, a pocas horas de decretado el Estado de Sitio,
en la Finca Guajbal los inversores privados metieran de inmediato la maquinaria
para iniciar la construcción de la hidroeléctrica de Lanquín, a la que previamente se
había opuesto la población.

Tampoco es de extrañarse por el hecho de que la empresa ENEL se apresure a
construir las líneas de alta tensión que también fueron rechazadas por la población
en reiteradas ocasiones.
Fue tan rápida la acción de estos empresarios, que se puede concluir, sin temor a
equivocarse, que estaba preparada de antemano. No se puede demostrar esa
articulación, pero se necesitan menos de tres dedos de frente para deducirla.
Es tan probable que en realidad estén persiguiendo al grupo narcotraficante
denominado “Los Zetas” como de que se trate de un costoso show para beneficiar a
los empresarios que, en alianza con Unión FENOSA, quieren desarrollar proyectos
hidroeléctricos.
Ya en San Marcos el Gobierno colocó sus fuerzas al servicio de esta transnacional y
en perjuicio de la población. Nada asegura, por lo tanto, que ello no esté ocurriendo
de nuevo. El tan publicitado levantamiento de los presos en Pavón resultó ser un
show, como ya hoy queda claro. Otro famoso “combate”, el de Tikal Futura, siembra
dudas de toda naturaleza.
Es obvio que, en el marco del Estado de Sitio, la protesta popular queda totalmente
prohibida. Es decir, que le atan las manos al pueblo y le imponen, por la vía de la
fuerza, las obras que la población, con todo derecho, rechaza.
De conformidad con la legislatura vigente, el Estado de Sitio se declara en casos de
terrorismo, manifestaciones violentas o rebeliones. Es decir, es un instrumento de
control social. Le permite al Estado detener a quien sea sin orden de juez
competente. Suspende las garantías constitucionales como el derecho a la libre
asociación. Prohíbe las manifestaciones. En fin, es la implantación de la dictadura;
del predominio de la fuerza por encima de la razón. Es la suspensión unilateral de la
democracia.
Llama la atención que, por parte del Gobierno, no existe la misma actitud ante
hechos mucho más graves, como:
• las estafas impunes acaecidas en Bancafé, en el Banco de Comercio y otras
empresas financieras;
• como en el desvío impune de 87 millones de las arcas del Congreso;

como en el desacato y el robo evidente e impune en que hoy abiertamente
incurren los empresarios privados de transporte de rutas extraurbanas cortas;
• como en el cobro ilegal e impune de servicios eléctricos que practican mes a
mes Unión FENOSA e IBERDROLA;
• como en el incumplimiento del pago del salario mínimo que ellos mismos
decretaron y que cientos de finqueros, industriales y comerciantes ignoran
tranquila e impunemente;
• como los asesinatos y atentados contra dirigentes sindicales y populares y
contra otros defensores de los derechos del pueblo.
En fin, que está claro que el Gobierno actúa con dos medidas diferentes: una, para
los ricos, a quienes todo se les tolera y se les protege con un manto de impunidad, y
otra para el pueblo, en contra de quienes lanzan sin dudarlo sus perros de la guerra.
Esa doble moral debe, por lo menos, ser puesta al descubierto.
¡La Lucha Sigue!