Es de sobra conocido el hecho de que los megaproyectos de este Plan Puebla-Panamá responden, de manera exclusiva, a los intereses económicos de las grandes corporaciones transnacionales y a los intereses militares del Imperio. En ningún momento se formulan en respuesta a los problemas sentidos ni a las necesidades básicas de la población del país.
Tanto así que, por lo pronto,
· La remodelación del Aeropuerto
· La construcción de
· La remodelación y ampliación de infraestructura portuaria marítima.
· La construcción de Hidroeléctricas
Como puede fácilmente apreciarse, ninguno de los mencionados responde, en absoluto, a lo que los sectores populares estiman prioritario, como lo son los problemas de inseguridad, el inalcanzable costo de la canasta básica, el creciente desempleo, el flagelo de la desnutrición, entre otros problemas afines.
La intención de continuar con la remodelación del aeropuerto es obvio que se orienta en beneficio exclusivo de quienes tienen acceso al uso del aeropuerto, y allí no se puede incluir a los sectores populares. Ya se concluyó la primera fase de esa remodelación, sin que ello haya generado ningún tipo de beneficio hacia el pueblo. Más bien, la transparencia de su ejecución ha sido puesta en duda. Y ello con el agravante de que existe la intención de darlo precisamente en concesión a una empresa privada extranjera. Es decir, de que invirtamos una millonada de los recursos públicos, para que otro venga a disfrutar de las ganancias. Es la forma de saqueo más descarada.
La tristemente célebre Franja Transversal del Norte responde al interés de los azucareros por ampliar sus áreas de cultivo de caña de azúcar o de otros productos desde los cuales puedan destilar etanol u otros biocombustibles. Esa inversión multi-millonaria no se realiza para beneficio de las comunidades campesinas de Nentón o de El Estor ni de ninguna otra, sino que puede, más bien, perjudicarlas, por cuanto pueden verse despojados de sus tierras, de sus recursos hídricos y, el colmo, con el riesgo de que tengan que pagar peaje por circular por donde han transitado libremente durante siglos.
Remodelar la infraestructura portuaria viene a resultar un caso similar al del aeropuerto. ¿Quiénes serán los beneficiarios directos, sino, sobre todo, los exportadores e importadores? La población, como tal, queda fuera de la cobertura de los beneficios. De sobra conocido es el caso del compañero Pedro Zamora que pagó con su vida el oponerse a la privatización del Puerto Quetzal. ¿Cuánta sangre seguirán derramando los ricos y poderosos para lograr sus mezquinos objetivos?
La construcción de hidroeléctricas, (que con bombos y platillos anuncia el diputado por San Marcos, Luis A. Contreras), ha sido claramente rechazada por las poblaciones de ese Departamento y de todo el país. El sólo hecho de que este diputado informe de que
La ley de Concesiones, cualquiera que sea el nombre que quieran darle, no debe ser aprobada, porque sienta las bases jurídicas para una acelerada desaparición del Estado, devorado por la codicia de los grandes empresarios locales y de las corporaciones transnacionales.
Los diputados que hayan votado a favor de esta nefasta iniciativa han traicionado a su pueblo, al pueblo que los eligió. Han legislado en contra de los derechos e intereses del pueblo, puede ser que por miopía política (en el mejor de los casos), o por responder a oscuras presiones e intereses.
Llama la atención el hecho de que este proceso avanza rodeado de silencio por parte de los grandes medios de prensa y de los voceros estatales. Casi como si quisieran aprobar esta Ley en secreto. Como si quisieran dar la puñalada por la espalda, sin que la víctima se percate de la amenaza que corre.
Nos corresponde, entonces, a las organizaciones populares, el trasladar esta información al conocimiento del pueblo.
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